La sequía genera presión fiscal
La fuerte caída de la producción a causa de la intensa sequía que se vivió en Argentina provocó un aumento de la participación estatal a través de los impuestos. Esto ocurre porque el impuesto de mayor peso es el derecho de exportación que, al actuar sobre el precio bruto, no tiene en cuenta las disminuciones de rentabilidad. Así, a medida que empeora la sequía, aumenta la participación de los impuestos sobre la renta.
El índice de marzo es 14,3 puntos porcentuales superior al de marzo de 2022, debido a menores rendimientos por sequía y heladas que afectaron la cosecha, y precios internacionales más bajos que a inicios de 2022 provocados por la guerra Rusia-Ucrania.
Mientras que el promedio nacional ponderado de la cosecha es del 79,1%, la participación del estado en soja es del 94,1%, maíz del 62,4%, trigo del 78,7% y girasol del 58,3%. Destaca el caso de la soja, donde los impuestos se llevarán casi la totalidad de los magros ingresos generados por la cosecha de esta temporada.
“¿Cómo obtenemos este cálculo? Consideramos que la renta es el valor de la producción menos todos los costos asociados con ella. Esta renta se reparte entre los impuestos, el resultado de la producción y la renta de la tierra. Si lo aplicamos a alguien que arrienda tierra, quiere decir que representa un costo, en un año en que la producción genera pérdidas, el Estado se lleva más del 100% de la renta”, agrega el economista.
¿Qué parte de los impuestos se devuelve a las regiones que los pagaron?
Del promedio total recaudado por hectárea, el 76,4% son impuestos nacionales no compartidos, es decir, quedan en el estado nación. El 16,3% es copartido, es decir, una parte se devuelve a las provincias que lo produjeron. El 6,2% corresponde a impuestos provinciales y el 1,1% a impuestos municipales.
“En un momento como este, se destacan dos problemas principales con el sistema tributario”, advierte Nicolle Pisani Claro, economista de FADA. “Por un lado, el federalismo fiscal, porque con una caída tan profunda de los ingresos, desaparecen los copagos como el impuesto a la renta y quedan impuestos que no se comparten, como los derechos de exportación y el impuesto a los créditos y débitos. Por otro lado, el problema de no tener una sola cuenta tributaria y que los saldos de los distintos impuestos se queden estancados y retenidos en la AFIP, lo que genera costos para los productores”, agrega Pisani Claro.
Desde FADA se refieren en particular a los saldos técnicos de IVA, que en momentos de quiebras generalizadas, las empresas agropecuarias acumulan millones de saldos técnicos de IVA en la AFIP, en un año en que muchas de ellas ni siquiera podrán pagar sus deudas.
Índices y costos provinciales
Mientras que el índice nacional FADA es de 79,1%, Córdoba registra 81,7%, Buenos Aires 75,6%, Santa Fe 77,5%, La Pampa 78,8%, Entre Ríos 86,7% y San Luis 77,5%. Es claro que para la soja, 3 de 6 provincias tienen un índice por encima del 90% y las 3 restantes por encima del 100%.
El índice FADA analiza los costos asociados a una hectárea de maíz, por ejemplo. En el cálculo se toma del valor FOB al resultado después de impuestos. Por tanto, se tienen en cuenta los costes de exportación (fobbing), comercialización, transporte, seguros, administración y producción.
Dos puntos se destacan al analizar los costos. Primero, los costos fobbing representan del 7% al 8% de todos los costos por hectárea de maíz.
El segundo punto es el transporte de mercancías, donde se ve claramente cómo aumenta la participación a medida que nos adentramos en el interior productivo. En el caso del maíz, el transporte representa el 18% de los costos en Buenos Aires, 21% en Córdoba, 22% en San Luis, 19% en La Pampa y 16% en Entre Ríos. En Santa Fe, debido a que el grueso de la producción está relativamente cerca de los puertos, representa el 13%.
En cuanto a los costos de los insumos, medidos en dólares, han comenzado a ver caídas significativas luego de aumentos en 2021 y 2022. La UREA ha bajado un 56 % año tras año, aunque sigue siendo un 20 % más cara que hace 3 años. PDA bajó un 28% año tras año, aunque todavía se mantiene en un 60% más que hace 3 años. El caso del glifosato, que también fue uno de los mayores aumentos, ha bajado casi un 40 % año tras año, pero sigue siendo un 60 % más alto que hace 3 años. Estas disminuciones en los insumos ayudan a reducir los costos y, por lo tanto, aumentan la participación del estado en los ingresos agrícolas.
